Parece confirmado el propósito de la nueva Junta de elaborar una nueva ley de la Función Pública. Falta hacía. Es ésa una vieja asignatura pendiente de la autonomía, suspendida siempre por el instinto autocrático de los políticos, que ven en los funcionarios profesionales e independientes un incómodo obstáculo a su arbitrio. Por su parte, el Tribunal Supreno acaba de confirmar la doctrina ya declarada sobre la impropiedad que supone dejar la gestión en manos de un personal no funcionario –en la práctica, de “enchufados” o “clientes”– que, desde la llamada “Administración Paralela”, han vendido haciendo y deshaciendo el designio político hasta desembocar en el actual caos de las corrupciones. Graves males podrían haberse ahorrado sin la fobia al funcionario. Si no se ha reaccionado hasta ahora, la verdad es que más vale tarde que nunca.

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