Tras la noticia de que la Junta, es decir, los contribuyentes andaluces, deberán correr con los gastos de esa juerga que ha sido la adjudicación ilegal del casino de Sevilla, llega la nueva de que cierta desidia administrativa de la misma Junta acaba de costarnos una finca en pleno Parque Nacional de Castril cuya titularidad privada ha reconocido el Tribunal Supremo. Hemos de pagar los platos rotos de las víctimas del SAS, los desaguisados de los especuladores del urbanismo municipal, los errores (a veces contumaces) de los responsables de menores, los arreglos de las autopistas que se hunden porque los especuladores –según Pedro Pacheco, ex- “socio” de Chaves– se habrían llevado el cemento en sus maletines. Mientras tanto, la irresponsabilidad administrativa y política de los culpables se mantiene intacta, ajena a protestas y agravios, como si la ley no fuera igual para todos o la cosa pública fuera un cortijo de unos cuantos. Es necesario abrir el debate de la responsabilidad de quienes causen daños desde los despachos de las Administraciones. Mientras ni se plantee ese debate, seguiremos pagando los de siempre. Sin ir más lejos, el mes que viene.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

limpiar formularioMostrar los comentarios de la entrada

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.