Otra vez el tema y problema de los fosfoyesos, la demanda de su estudio riguroso para despejar las insistentes dudas sobre su peligrosidad. Dice la patronal concernida que está de acuerdo en ese estudio –¡faltaría más!– siempre que se lleve a cabo con rigor, mientras que Green Peace denuncia sin contemplaciones la dejación administrativa que consiente ese presunto peligro sin mover un dedo. Ahora bien, quizá vaya siendo hora de decir alto y claro que quizá lo que sobran son estudios, que ha habido ya un buen montón de ellos, cada cual con su resultado, desdramatizador o alarmista, según. Y esa es la peor política que cabe seguir sobre todo se pretende respetar a un ciudadano que tiene absoluto derecho a conocer si su familia corre riesgos o no con esa presencia, interese o deje de interesar a quien sea. No se trata de hacer “otro” estudio más, sino de pactar entre quine proceda (el Ayuntamiento, la Junta, los ciudadanos) una investigación con garantías que establezca de una vez un criterio científico solvente. Hace bien el PP, en ese sentido, en reclamarlo al Gobierno. Incluso si se le puede responder preguntándole por qué no lo hizo “su” Gobierno durante los ocho años de mandato. 

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