La Defensora del Pueblo en funciones ha dejado sin resuello a sus Señorías en el pleno del Congreso al anunciarles por sorpresa que va a solicitar al Gobierno que estudie la posibilidad de reformar el Código Penal de manera que el despilfarro perpetrado en las instituciones públicas pase, de ser una mera anécdota casi previsible, a constituir delito. Ante el insólito anuncio, le ha faltado tiempo a un diputado catalanista para manifestarse “asombrado” en nombre de sus compañeros, y a otro, astilla del mismo palo, para largar la soflama de que esa Oficina del Defensor no es, en definitiva, más que “el brazo ejecutor de la catalanofobia” (nótese la audacia de la paranoia) funcionando “al servicio de la derecha nacionalista española”. Los demás se han limitado a mirarse perplejos unos a otros, pero no me cabe duda de que la noticia sería acogida con entusiasmo, de ser divulgada como merece, entre la inmensa mayoría de este castigado pueblo, porque lo que ha hecho la Defensora no es más que ponerle voz al disco rayado de una opinión pública que no comprende el actual espectáculo de los Ayuntamientos arruinados, las autonomías empeñadas hasta las cejas y las miles de empresas públicas que devoran nuestro erario. Millones de españoles se plantean hace tiempo esa pregunta clave, a saber, por qué si un empresario privado falsea su contabilidad va derecho al trullo mientras que si un político enreda cuentas, gasta facturas falsas y acaba embargando a su institución no está sujeto a sanción alguna. Y eso es, sencillamente, lo que, no poco ingenuamente, plantea ahora esa Defensora que mucho me temo que por ese camino tiene cruda su confirmación en el cargo.

Con el tiempo se verá claro que la crisis ha provocado, junto a la devastación de amplios sectores sociales y al descrédito de todo un Sistema, que aflore sin ambages la podre que escondía la sentina de nuestra vida pública, patrimonializada por los partidos (por unos y por otros, aunque por unos más que por otros) desde la tesis boba expuesta en su día por una ex-ministra de que “el dinero público no es de nadie”. Nunca ha sido tan enorme la insolvencia de nuestras instituciones ni nunca la actitud escandalosa alcanzó cotas tan inverosímiles como las alcanzadas por espectáculos de depredación como los actuales. Y ello explica que la gente se pregunte por qué quienes de esa manera desvergonzada despilfarran nuestros impuestos, lejos de responder ante el juez por sus mangancias y trapacerías, se vean recompensados con nuevos y mejores cargos. Lo que la Defensora pide es, por el momento, una quimera. Pero, ojo, porque mañana, de vuelta de la almoneda, quién sabe.

5 Comentarios

  1. ¿Por qué no piden simplemente eso los indignados? ¿No contempla la constitucion española que se cambie la ley si se alcanzan tropecientas firmas que lo pidan? ¿No hay manera alguna de sanear las costumbres de esta época?
    Besos a todos.

  2. Si la defensora en funciones no es confirmada en su cargo, le sugiero forme un partido y yo le ofrezco mi voto.

  3. Gran idea, sin duda, mayor que su posibilidad. Sin duda. La sanción de los administradores públicos no necesita nuevas normas, haylas en el ordenamiento actual. como bien sabe jagm. Lo que falta es voluntad de aplicarlas. ¿No está viendo el caso Chaves, no vimos el Juan Guerra?

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