La historia de Alejo Pozo, el ciudadano muerto el sábado tras diez años de lucha a brazo partido para recuperar a sus hijos arrebatados por los servicios burocráticos de la Junta de Andalucía pertenece, de pleno derecho, a la literatura kafkiana: morirse sin conseguir su propósito a pesar de haber ganado 12 pleitos y obtenido un dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía certifican plenamente esa filiación. Demasiados fallos de la Junta, demasiados pulso con los jueces, demasiados juicios sumarios a los padres –por lo general, desgraciados– los que cuentan con posibles son una exigua minoría–, demasías familias rotas. La Junta tiene que revisar de una vez su política protectora del menor. Y en ello los jueces deberían tener mucho que decir.

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