La denuncia presentada ante el Consejo General del Poder Judicial por el jefe de la Fiscalía Anticorrupción (en realidad, el título es más alarmante: … “contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada…”) solicitando la sanción de la juez Núñez Bolaños, sustituta de Mercedes Alaya, ha resonado como un aldabonazo no sólo en el ámbito judicial sino en el ciudadano. Acusa la Fiscalía a la cuestionada juez de “desatención y retraso injustificado” de las causas, que habrían causado “un evidente perjuicio de los fines del proceso penal y de la Administración de Justicia”: toda una ratificación de la opinión generalizada que veía en sus decisiones un oscuro designio de devanar la madeja tan laboriosamente instruida por su antecesora, lo que en términos políticos sugería, más que una desdramatización de lo instruido con anterioridad a su llegada al Juzgado instructor, el firme designio de aliviar las graves responsabilidades contraídas por la Junta de Andalucía en torno a los auténticos saqueos perpetrados en los “casos” ERE, Avales e IDEA. Demasiada gente piensa que fue preciso “asistir” políticamente a aquellos responsables políticos y ha llegado a ver en esa juez un instrumento adecuado al servicio del poder político.

No son pocos los reparos jurídicos opuestos en su día a la tarea de Mercedes Alaya, pero tampoco, lamentablemente, las innumerables quejas acumuladas por su sustituta –una juez sin experiencia penal, al parecer– que entró como caballo en cacharrería en la que es, con toda probabilidad, la instrucción más compleja y políticamente más grave que registra la crónica autonómica. ¿Fue o no fue la juez Núñez el instrumento del poder político para escurrir el bulto a la insoportable responsabilidad que le imputaba Mercedes Alaya? Esa pregunta, constante en la Opinión Pública, concierne en exclusiva a la inevitable especulación pero es evidente que la actuación de la primera ha supuesto una fractura irreparable en la macrocausa principal, bastante de cuyas piezas han prescrito ante la cachaza de la instructora que, a cambio, ha sido siempre rauda en su archivo. Entrar en juicios de intenciones ni es lícito ni práctico, pero resulta lógico celebrar que tan alta sospecha se someta a aquel “gobierno de jueces” –tan descreditado ya por su infausta politización— en cuyas manos está la imprescindible restitución de la confianza pública en la Justicia. La penosa conclusión de una celebridad preilustrada de que el deber de los jueces no es otro que hacer justicia mientras que su oficio es retrasarla, debe ser rebatida con energía por ese órgano supremo de la Justicia habitualmente sometido a la obediencia partidista. El escándalo andaluz ha sido mayúsculo además de irreparable pero a su quebranto económico ha de sumársele el daño moral causado a la conciencia pública. Y hay que decir que quizá sea ya tarde para cataplasmas porque, aunque el CGPJ sancione a la juez denunciada, el descalabro ya no es remediable: ella irá a otro Juzgado pero su cuidadosa demolición perdurará. Fue Solón quien dijo que las leyes son como telas de araña: retienen lo débil y dejan paso franco al fuerte. Hace veintiséis siglo.

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