Mientras arden las ciudades a manos de un vandalismo justificado desde dentro del Gobierno, otro contubernio entre PSOE y PP intenta resolver el atolladero que mantiene en precario al Gobierno de los Jueces –es decir, al CGPJ–desde hace demasiado tiempo. Y al tiempo que la ciencia avisa de que la tardanza en reaccionar contra la pandemia para impedir el capricho de la manifestación feminista del año pasado, de la que salieron contagiadas varias “miembras” del ejecutivo –“somos las dueñas de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, de nuestras formas de follar y de nuestras ciudades” se gritó junto a las ministras– podría haber costado veintitrés mil víctimas; la ministra consorte del ramo no ha tenido mejor idea que reclamar otro desafió callejero al que se opone –dice que “por coherencia”–  la propia ministra de Sanidad. Como puede verse España va a la deriva, meciéndose a la sombra de las mejorías en flor que, por el momento, va descubriendo la estadística.

El secuestro de la Justicia, eso sí, se está consumando de manera que no deja resquicio a la duda sobre unas responsabilidades que, desde luego, vienen de lejos, concretamente desde que González cediera a la tentación de “politizar la Justicia” (la frase fue suya), y Aznar y los que tras él hubimos de soportar, consolidaran el gran fraude aplazando “sine die” la imprescindible reforma.

Sánchez y Casado no han hecho más que prolongar el truco del reparto de manguitos, esta vez con el agravante –probablemente irreparable— de integrar en él a los antisistema de Podemos y a los separatistas de ERC. La famosa “línea roja” trazada por el PP no era más que un camelo justificativo formulado a sabiendas de que el PSOE podría salvarla con la simple cesión de unos magistrados de su camada a los presuntamente excluidos de la negociación. De verdad, sin atenuar la culpa de sus antecesores –compinchados sin excepción en el irresponsable designio de controlar a los jueces–, el “desbloqueo” actual constituirá la mayor tomadura de pelo registrada en el “debe” de esta acosada democracia.

Me cuesta pensar que estos gestores de la vida pública no hayan renunciado al lastre autocrático de la dictadura, pero ya no es posible siquiera (ni conveniente) dudarlo por más tiempo: todos ellos (sin excepción, repito), los de la Derecha como los de la Izquierda, los autoproclamados constitucionalistas como los manifiestos enemigos de la Constitución junto a los irracionalistas de ambos extremos, se niegan a devolver a la Justicia la imprescindible independencia que aquella consagra. Ni uno se libra de esa decisiva culpa. Y el ciudadano empieza a preguntarse hasta cuándo tolerarán ese abuso humillante esas Señorías, hoy marionetas en manos de una tropa sobrevenida al socaire de la superstición representativa elevada a una potencia irracional. Aspirar al gobierno de los jueces es una insensatez y un error; pretender a cambio uno al margen de la justicia es pura trilita antidemocrática.

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