La historia documentada sobre el ex-alcalde de Valverde y actual delegado de Obras Públicas que nos ha contado nuestro corresponsal en Huelva disipa hasta la última duda posible sobre la necesidad de sancionar conductas tan lesivas para la sociedad: gastarse en 8 meses, tirando de Visa Platinum municipal, en comilonas, viajes y caros hospedajes, más dos millones de pesetas es algo más que una conducta indebida. Lleva razón la Defensora del Pueblo en funciones cuando reclama en el Congreso que se tipifique como delito el despilfarro, aunque en la actual normativa haya tipología sobrada para encuadrar estas auténticas malversaciones que ofenden más cuando ocurren en lugares –como ese pueblo—arruinados sin remedio. Perder las elecciones no enjuga una responsabilidad sobre la que me cuesta creer que no tenga nada que decir la Fiscalía.

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