Ahora es Suiza el país que se suma –por la cuenta que le trae, qué duda cabe—a la campaña contra la fresa onubense, y dicen los productores lastimados que va a haber que pensar en acudir a los tribunales. Pues, perdonen, pero yo creo que es a la Junta y al Gobierno de España a los que corresponde defender los intereses de una provincia andaluza, que para eso tiene costosas legaciones y oficinas abiertas en Bruselas, sin ir más lejos, donde hasta la Diputación ha puesto piso. ¿Se imaginan si estas campañas lo fueran contra los tejidos de Tarrasa o los productos vascos? No se trataría de dar tantos rodeos ni de viajar gratis tanto como de exigirle a Gobierno y Junta que cumplan con su deber.

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