Noble y grave gesto del “Gobierno del cambio” al abrir paso a una norma que, ¡por fin!, protege como es debido al denunciante de las corrupciones. Dede ahora (en teoría, al menos) el funcionario que advierta mangancias o tropelías podrá denunciarlas sin sufrir por ello las sanciones severas con que hasta ahora se le reprimía. Ya sólo falta que se disculpe oficialmente  a los sancionados y, a ser posible, que se exijan responsabildades a quienes  tan injustamene los castigaron por obedecer a su conciencia. ¡Por soñar que no quede! Lo que no tenía ya un pase era mantener un sistema que, bajo la amenaza de la sanción injusta, forzaba al testigo a la complicidad. Sólo el tiempo dirá si el remiendo es suficiente para erradicar la vieja treta que tanto ha contribuido a pudrir la vida pública.

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