Se ha cumplido un año de la ocupación por miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) de la finca propiedad de la Junta de Andalucía situada en Palma del Río. Una ocupación ejemplar si se considera que la finca abandonada de la Junta ha sido cultivada por los ocupantes que hasta proyectan ya organizar una cooperativa para redondear su acción. Pero un hecho extraño si se considera la ilegalidad de la ocupación –de hecho ya fueron desalojados una vez por la Guardia Civil—y la inexplicable pasividad de la autoridad, en especial de la propia Junta. No se debería recurrir al hecho consumado si ese empleo de la finca pública es considerado propio y justo, ni consentir una flagrante vulneración de la Ley si se entiende lo contrario.

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