Lo del ‘delegata’ de Empleo, el señor Márquez, va dejando de ser ya un enredo alrededor de una factura cuestionable para convertirse en la evidencia de que ha venido ejerciendo su cargo como si fuera su cortijo. Un gasto millonario en comidas constituye un escándalo imposible de justificar, pero unas facturas de restaurantes exclusivos y hasta de un miserable paquete de cigarrillos, son una prueba de despilfarro que debería bastar para que una Administración respetuosa con sus obligaciones lo cesara sin mayores miramientos. ¿Qué se necesitará aquí para que quien decide asuma que estos abusos resultan incompatibles en una democracia por más que el abusador pueda tener sus méritos partidistas bien ganados? Esta pregunta debería hacérsele a los parados onubenses encomendados a personajes que viven opípara e impunemente a costa de ellos y del contribuyente.

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