El Gobierno podrá eludir, como está haciendo, el control parlamentario, pero expedientes como el que ayer describía con pelos y señales este periódico a propósito del pelotazo concedido por el IFA a una empresa sevillana, apenas dejan resquicio para la evasión: una ayuda de 1’8 millones de euros se compromete un día, se anula a los tres meses y en un solo día, el siguiente, se compromete la misma, sólo que dividida en  tres para evitar el control del propio consejo del IFA y el preceptivo del Consejo de Gobierno de la Junta. ¿Y nos van a contar que estas cosas se hacían sin conocerlas los de arriba? El caso de los ERE y prejubilaciones fraudulentas sobrepasa con mucho lo tolerable en democracia. Al margen de las resultas judiciales, no cabe duda de que las responsabilidades políticas de este caso han superado todas las marcas.

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