La denuncia de Comisiones Obreras (CCOO) sobre la situación en que se encuentra la Función Pública es extrema: “presiones a los trabajadores para que violen los principios legales más elementales”, multiplicación de las “contrataciones políticas” eludiendo las bolsas de contratación establecidas legalmente, ascensos graciables, benéficos traslados, cambios de destino a discreción, sin contar con situaciones –‘sub iudice’ actualmente—de acoso laboral sobre los funcionarios, que empiezan a se reconocidas por los tribunales en sentencias firmes. Y con conocimiento del Presidente de la Junta y su pretorio más íntimo, con todas las de la ley, escrita sea esta palabra con vergonzante minúscula. No sólo nunca se hizo realidad la “reforma de la Función Pública” sino que se ha confirmado el proyecto primitivo de conseguir una Administración al servicio del poder político, tal como el entonces presidente Borbolla pidió sin cortarse un pelo en el Parlamento. La Junta y demás Administraciones gobernadas por el partido se han convertido en una empresa del PSOE. Sólo la Justicia podrá, a estas alturas, remediar en lo posible este desaguisado. 

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