El inacabable pleito en torno a la acosada libertad de la Justicia, para el que el presidente Lesmes exigió solución “en semanas”, está irritantemente fundado en el más falso planteamiento. Me explico. La actual democracia española –ese “milagro” del que se habló tanto—no puede sostenerse sin un daño irreversible manteniendo, al ralentí y al margen de la legalidad, a un Consejo General del Poder Judicial más allá de los famosos “1000 días”, ni más ni menos que porque los dos grandes partidos prefieren mantener congelado el sagrado principio de la división de poderes. Los dos. El PSOE porque, con toda evidencia, no pretende otra cosa que emascular al vigilante de la legalidad con objeto de garantizarse un poder totalitario; el PP no se entiende por qué, la verdad, pero, según dice, porque, en línea con la UE y con nuestros altos tribunales, exige esa garantía de independencia judicial.

¿Que ese PP pudo revertir la situación cuando tuvo mayoría absoluta , como había prometido, y no lo hizo? Bueno, ¿y qué si ahora parece decidido a hacerlo? ¿Ha olvidado el PSOE que fue bajo el mandato de González –tras el rifirrafe del “caso Guerra”– cuando se asaltó la Constitución para maniatar a los jueces sometiéndolos a una abusiva dependencia parlamentaria? ¿O ninguno de los dos escuchó a Bandrés (el “padre intelectual” de la criatura) entonar su pundonorosa palinodia reconociendo la gravedad del error que supuso aquella temeridad?

Ni tirios ni troyanos, ni PSOE ni PP: el sigiloso consenso para embridar políticamente la Justicia –más intenso a consecuencia de la mutua corrupción—es un secreto a voces que nos ha conducido a la indecencia de admitir como normal la existencia de jueces “de partido”. ¿Qué es eso de que los jueces no pueden elegir a los jueces, como dice el nuevo tuercebotas del sanchismo? ¿Nunca oyó esa minerva proclamar a la razón popular que asegura que “un clavo saca otro clavo” para evitar que el alarife torpe acabe echando el muro abajo?

De esta insostenible situación son responsables a partes iguales esos dos leviatanes, pero sin olvidar la cuota de responsabilidad que corresponde al pueblo soberano que, con su voto, la ha consentido durante más de treinta años. Por eso el TC advirtió ya del riesgo que supondría el abuso partidista del enjuague de González y la UE frena ahora el intento de desarmar a la Justicia que intentado por Sánchez. La cuestión no es tanto, claro está, decidir quién tiene la culpa del desastre, como acordar, por ambas partes, la renuncia al trampantojo letal que supone la subordinación de la Justicia a la Política en beneficio exclusivo de la autarquía partidista. Y en cuestión de semanas. Porque si Montesquieu no está muerto y enterrado, cataléptico sí que va estando ya en una sociedad que resiste sin inmutarse no uno, sino dos estados de alarma anticonstitucionales.

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