La absolución del menor implicado en la violación y asesinato de Marta del Castillo ha sido otra de esas ocasiones en que el garantismo a ultranza –que nadie en sus cabales discute—descubre el abismo que separa la razón jurídica del criterio público. Estremece oír clamar a la madre de la desdichada pidiendo “justicia carcelaria”, pero ésa no es más que es la consecuencia lógica del colosal fracaso de la ley del Menor. Nadie entiende –seguro que ni los propios jueces—que un implicado en semejante caso salde sus cuentas con la Justicia con un arresto tan breve. No se le puede pedir al pueblo soberano que comprenda lo que los legisladores no son capaces de resolver.

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