Ahora resulta que lo que estaba ocurriendo en Alcaucín desde hace varios años hasta que ha sido descubierto recientemente por la policía –irregularidades urbanísticas y facturas falsas para pagar sobresueldos y putiferios—lo conocía la Junta y, en consecuencia, su partido, desde el 2006 por boca de denunciantes privados, y desde febrero pasado por informe del Defensor del Pueblo. Y ni caso, como está a la vista. Todo lo que se le ha ocurrido a ese portento que es el vicesecretario Pizarro es decir que el PP hace lo mismo, pero ahí están los papeles. La corrupción es consentida en una grave medida, incluso si la denuncia el Defensor.

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