La Administración autónoma, que no se distingue precisamente por proteger a sus funcionarios (son los únicos que no cobrarán la paga extra en toda España), se muestra extremadamente protectora con los presuntos implicados en el saqueo de los ERE. Tanto, que les va a pagar –con nuestro dinero se entiende– su defensa jurídica, no sea que alguno se rebrinque y se salga del guion. O sea que podrá darse el caso de que la Junta le pague el abogado a la misma persona a la que acusa. Este asunto va dejando cada día más en evidencia la jindama de los de arriba por lo que, según ellos, han hecho sólo los de abajo.

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