Es urgente averiguar qué hay de cierto en la acusación de que desde las instituciones del PSOE onubense (en la capital o en Cartaya) se está ofreciendo trabajo y casa a cambio del voto de los inmigrantes que sobreviven en sus zonas agrícolas. No sólo porque de confirmarse la acusación estaríamos ante un colosal delito electoral sino porque, encima, cabe suponer que no resultaría difícil esclarecer esos hechos, por sofisticadas que hubieran sido las fórmulas utilizadas, en zonas tan reducidas. Lo que le faltaba a esta democracia en vilo sería, como en los tiempos del viejo caciquismo, falsificar el censo y recurrir al voto comprado.

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