Que un secretario provincial del partido le pare un proyecto urbanístico en marcha a un alcalde propio supone, además del hecho gravísimo de que el partido sea la instancia real del poder en lugar de la Administración, que la responsabilidad de tantas corrupciones como vivimos en el día a día al partido corresponden en la medida en que, si quiere, como acaba de demostrarse, está en su mano evitarlas. ¿Quién es el secretario del PSOE onubense para pararle una obra al alcalde sociata de El Granado? ¿Qué papel tiene, entonces, la Junta de Andalucía, única titular legítima de esa competencia y qué responsabilidades habrá que exigirle por semejante cesión? Y si se demuestra, como se ha demostrado, que tanto la Administración como el partido conocían hace meses las inconvenientes circunstancias del proyecto, ¿por qué ni una ni otro han reaccionado hasta ahora? Se dice con razón que no es cuestión de alardear con “decálogos” en la mano sino de dar ejemplos convincentes. Y desde luego uno de ellos no es ver a los secretarios provinciales del PSOE como si fueran los viejos jefes del Movimiento.

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