Está visto que ni a la Junta ni al Ayuntamiento de Marbella le interesa llegar al fondo de la cuestión y meter hasta el fondo el bisturí como mandaría la ley para desenredar la madeja legada por el gilismo. Ocho de cada diez viviendas ilegales serán legalizadas en el nuevo PGOU, ni que decir tiene que a costa del contribuyente que habrá de pechar con la “ayuda” que las Administraciones aporten al arreglo, y en flagrante contradicción con una normativa que ha estado y, a la vista está, sigue estando escrita en papel mojado. Como en Chiclana, como en tantos pueblos en los que los que deciden en los partidos han organizado uno de los mayores y más lucrativos fraudes que registra la historia andaluza. ¡Y encima va IU y pide la medalla de Andalucía para la Gestora! La política se está convirtiendo en el puro arte de engañar al ciudadano y hacerle comulgar con ruedas de molino.

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