No es razonable negar la dificultad grande que implica cualquier política de menores. La intromisión del poder en el ámbito de la intimidad familiar constituye siempre un asunto delicado y difícil, sobre todo cuando se trata de gestionar miles de casos. Ahora bien, eso es tan lógico como impropia la excusa de la Junta de que “sólo” el 0’5 por ciento de los casos diligenciados por sus servicios fueron revocados por los tribunales, fría e inhumana razón que parece ignorar que un solo fallo en esta materia –separar a los padres de sus hijos—cuestionaría todo un sistema, cuanto más siete. A la Junta le falta sensibilidad para reconocer y remediar esos dolorosos fracasos que desde hace ya años vienen ensombreciendo su tarea.

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