Llevan razón los funcionarios cuando dicen que si la Junta amenaza al TSJA con el argumento de que si suspende la integración de sus “enchufados” se paralizaría la tramitación de ayudas agrarias, está reconociendo que son esos trabajadores no funcionarios quienes, contra la reiterada doctrina de los tribunales, llevan a cabo esas tareas en lugar de hacerlas los funcionarios. ¿Tanto se juega Griñán y su partido con esa integración masiva como para poner en riesgo las milmillonarias ayudas europeas a nuestra precita agricultura? En todo caso, si el actual esfuerzo por “legalizar” esas intervenciones demuestra que la Junta sabe perfectamente dónde está la trampa, lo lógico es concluir que también conoce de sobra los motivos del lío.

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