Nunca sabremos que fue lo que se quemó por parte de quienes gobernaban en un Ayuntamiento onubense la noche del 22-M, pero en la Diputación de Granada ya se admite que se están quemando papeles antes de que el PP ordene la auditoría, entre los que el PP ha denunciado a la Fiscalía que iban determinadas facturas no poco comprometidas. En el de Sevilla, por su parte, donde la existencia de facturas falsas es ya emblema de la legislatura municipal, aparecen también en el último minuto otras que añadir a la relación, mediante las cuales una asociación de vecinos y una empresa “amigas” podrían haber llevado a cabo un plan urdido para justificar el gasto de subvenciones del Ayuntamiento y la Diputación. Nunca, tal vez, se había caído tan bajo en la Administración. Resulta imprescindible que la Justicia ordinaria determine responsabilidades e imponga las sanciones pertinentes.

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