El enorme tinglado erigido por la Junta para aviárselas administrativamente con mayor comodidad y, de paso, colocar a una vasta clientela política –las empresas públicas autonómicas—, acaba de ser puesto contra las cuerdas por una sensata sentencia del Tribunal Supremo que ve en la sustitución del funcionario público por un gestor paralelo un auténtico “desapoderamiento” de la Administración. Lo curioso es que un truco tan visible –¡y tan prohibitivo!—haya tardado tantos años en ser señalado por la Justicia. Uno se pregunta a veces en qué estará pensando la leal oposición y, ya de paso, esos sindicatos que asisten impertérritos a semejante saqueo de la función pública.

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