El gran desconcierto

Tras las recientes decisiones de la Justicia europea, el país español anda justificadamente desconcertado. Ya resultaba difícil aceptar esa procesionaria que prolonga la expectativa procesal más allá del Tribunal Supremo –obsérvese el oxímoron— supeditado hoy, de hecho, a la revisión del Constitucional y, por si fuera poco, a unos tribunales extranjeros constituidos por jueces que manejan criterios legislativos diferentes. Pero si hace bien poco el de TDH de Estrasburgo revolcaba a la Justicia española no sólo al absolver a unos delincuentes manifiestos sino al “condenar” al Estado español a indemnizarlos, las decisiones del jueves pasado –exculpación de Puigdemont y puesta en libertad de los demás prófugos— han desconcertado por completo a un paisanaje que apenas logra distinguir, bajo este penoso lubricán, el blanco de lo derecho del negro de lo torcido. ¿Cómo se puede vender a los españoles que lo ocurrido en Cataluña en los últimos meses y, en especial, el memorable episodio de la proclamación de la “República independiente de Cataluña” no implicó ninguna violencia y, en consecuencia, que apenas puede suponer para esos golpistas más que una leve responsabilidad? Oigamos al profesor Antonio Elorza ironizar amargamente sobre el hecho indiscutible de que fracturar el orden constitucional –en función de la letra del vigente Código Penal– “tiene hoy menos sanción que una multa de tráfico, ya que sería una desobediencia y una prevaricación leve, sin siquiera pena de cárcel”. El ciudadano no comprende nada, sencillamente, porque no es posible comprender tanto disparate.

Con este motivo y por sugestión de mi amigo el fiscal Antonio Ocaña, vuelvo sobre el famoso discurso pronunciado por John Kennedy a propósito del grave desafío planteado en Mississippi el año 1962, del que no me resisto a reproducir su meollo: “Los estadounidenses –decía el malogrado Presidente— son libres de estar en desacuerdo con la ley pero no de desobedecerla, pues en un gobierno de leyes y no de hombres, ningún hombre, por muy prominente o poderoso que sea, y ninguna turba, por más rebelde o turbulenta que fuere, tiene derecho a desafiar a un tribunal de Justicia”, porque si ese desafío se produjera “ninguna ley estaría libre de duda, ningún juez estaría seguro de su mandato y ningún ciudadano estaría a salvo de sus vecinos”.

Quienes desde la Justicia internacional aportan oxígeno a ese independentismo pre-guerracivilista no piensan, evidentemente, de este modo, a pesar de que hay pocas cosas tan peligrosas en una sociedad democrática como destruir la égida que supone un Derecho claro y racional. Al amparar a los prófugos delincuentes, esos jueces han hecho más en un día contra el sentimiento europeísta que todos los segregacionismos juntos. Y acaso sin percatarse de que estaban tirando piedras a su propio tejado.

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