No sé si el argumento de la portavoz de la Junta –que la inconstitucionalidad declarada de un  precepto o de una norma no puede extenderse a otra que no haya sido recurrida—será suficiente o no para salir del paso, pero es evidente que, en todo caso, alguien debe tomar las medidas precisas para eliminar al absurdo que supone mantener en nuestro Estatuto preceptos ilegalizados expresa y concretamente por el TC en el de Cataluña. Porque lo que no pretenderá es sugerir que, tras esa ilegalización de lo igual, no ocurre nada y las cosas siguen como estaban. Un Estatuto frankenstein debe ser reparado sin pérdida de tiempo ni juegos de palabra.

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