¿Reacción de la Diputación de Huelva y el PSOE local al conocerse la noticia de que una trabajadora ha denunciado ante Magistratura un segundo caso de presunto “mobbing”? ¿Llamarla para entenderse, tratar de solucionar las diferencias, acaso llamar en su auxilio a los sindicatos? Qué va: amenaza de querella que te crió y a otra cosa, mariposa. Hemos llegado a un punto en que sobre cualquier denuncia planea la sombra de la acción judicial, algo muy desproporcionado con la libertad ilimitada de que gozan los políticos para despellejarse vivos (e incluso muertos) pero que, en cualquier caso, deja en evidencia a un Poder incapaz de encajar discrepancias y menos aún acusaciones. Ahora bien, amenazar con una querella a una funcionaria por denunciar un presunto caso de “mobbing” es demasiado porque ni más ni menos que supone negarle al trabajador su derecho a la defensa laboral. Tanto o más injurioso sería, en todo caso, acusar a la denunciante de “vendida al PP” o a éste (mil veces) de “extrema derecha”. Ni siquiera se han percatado de que nos llevan, atolondradamente, hacia el “gobierno de los jueces”.

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