Contra la idea de Carmen Calvo de que el dinero público no es de nadie, la Audiencia acaba de sorprender en una nueva sentencia sobre los ERE –la del caso Acyco—al revocar el criterio seguido por la Junta anterior de renunciar al rescate de lo malversado. Cree ahora la Justicia lo que muchos ciudadanos tenían para sí por pura lógica: que además de la responsabilidad penal, los responsables de aquella mala práctica (que costó más de 769 millones de euros) tendrían que devolver a su costa el botín integro defraudado, a lo que la Junta habría renunciado en tiempos de doña Susana, cerrando el paso procesal a la Fiscalía. Lo que esa sentencia dice es que ese dinero, en efecto, pertenece a la sociedad y no a los defraudadores. Que ese improbable reintegro sería hablar de la mar, no le quita un ápice de razón a la Justicia.

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