Muchos ciudadanos han experimentado ya el fracaso de una Administración de Justicia cuya lentitud produce la práctica inutilidad de sus resoluciones. Los juzgados de lo laboral de Sevilla o de Huelva, por ejemplo, están fijando ya para sus juicios fechas del 2016 y hasta del 2017, dada la insuperable carga de trabajo que soportan, pero los de lo mercantil no se quedan a la zaga: reclamar una simple deuda probada cuesta ya varios años de espera para los acreedores. ¿Puede seguir llamándose Justicia la que imparte una Administración que tarda tanto tiempo en tomar decisione? El viejo “dictum” romano que asegura que una Justicia tardía no es Justicia está, desgraciadamente, de plena actualidad.

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