Continúa la polémica provocada por la iniciativa del cura de la localidad malagueña de Cómpeta, José Luis Torres Gutiérrez, de presentarse a las próximas elecciones municipales en el mismo pueblo donde ejerce su ministerio. Entre opiniones favorables y discrepantes, tanto el Defensor del Pueblo, José Chamizo, como el cardenal de Sevilla, monseñor Carlos Amigo, se han pronunciado en sentido favorable condicionando el hecho insólito a la “necesidad pública” que pudiera justificar la participación política del sacerdote, un argumento de relieve que, seguramente, influirá de modo decisivo en la cuestión tal como esta siendo planteada, en el sentido de que la elemental separación de funciones entre la Iglesia y el Estado pudiera compatibilizarse, por esa necesidad invocada, garantizando la neutralidad efectiva del candidato. No resulta fácil oponerse al hecho de que un cura sea libremente reclamado por su feligresía para contribuir a la recta administración de la cosa pública siempre que no se confundan los límites ni se perturbe aquel principio básico.

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