No puede hablarse libremente ya en nuestras universidades –ni en Cataluña, ni en el País Vasco, pero tampoco en Andalucía por lo que vamos viendo–, al menos sin el consentimiento de los llamados “grupos incontrolados”, esto es, los reventadores de izquierda o de derechas, ambas extremas, a los que la autoridad académica les pasa la mano por el lomo. El argumento dado del rectorado de Granada para ni siquiera abrir expediente a los bárbaros que impidieron la inauguración del curso en Ciencias Políticas de que no se da en esa actitud vandálica “ningún tipo de delito penal”, resulta birrioso total porque, de ser aceptado, abriría la puerta a la censura a la carta por ambos bandos, eso sí. A mi no me da igual que se le impida hablar ni siquiera a Fraga o a Carrillo, pero aquí no pueden hablar ya desde Boadella a Savater pasando por Espada o Rosa Díez y eso es definitivo. La universidad tiene que garantizar ese derecho básico y para ello resulta imprescindible que no escurra el bulto y ponga a los salvajes extremistas en su sitio. 

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