Los datos oficiales hechos públicos por el Consejo General del Poder Judicial son definitivos. Que en Huelva, por ejemplo, haya en este momento amontonadas más de 22.400 sentencias esperando turno para ser ejecutadas es un dato que habla por sí solo y, desde luego, en el lamentable sentido de que el sistema judicial está definitivamente desbordado y los contribuyentes y ciudadanos en general, dejados de la mano de Dios. No sirvió de nada el escándalo y la tragedia del “caso Mari Luz” porque las cosas están hoy peor aún que estaban antes ocurrir ésta. Algo que la Junta debe abordar con urgencia, anteponiendo ese objetivo a tantísimos gastos superfluos –incluyendo los de personal—como llevan por delante las Administraciones.

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