Los políticos han redescubierto, una vez más, el atajo legal. Las construcciones ilegales de Marbella, las de Chiclana, las de donde sea, se “legalizan” (esto es, las sufragamos entre todos en beneficio de unos cuantos) y a otra cosa. Pero eso no es nada puestos a contemplar trampas a la ley. El Ayuntamiento de Sevilla acaba de “legalizar” en una hora facturas ‘irregulares’ por valor de tres millones de euros, de manera que desaparezca, aunque sea a simple vista, el fraude manifiesto, un contradiós, en cualquier caso, no tan grave acaso como el perpetrado en esa misma Casa con las presuntas “facturas falsas” cuya existencia nadie niega aunque se niegue el dolo, pero sin duda intolerable. El PSOE, al fin y al cabo, va a lo suyo, pero IU debe explicar su apoyo a estos manejos a la hora de predicar sus campañas anticorrupción. 

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