En el fondo, mantener, como va a hacerlo la Junta, a los 27.000 trabajadores colocados “a dedo” –los comúnmente llamados “enchufados”—equivale a costear dos Administraciones autonómicas, una, digamos genuina, y otra, paralela. Para el “régimen”, sin embargo, es vital disponer de ese contingente de fieles, tan útiles a la hora de gestionar cuestiones incómodas, a pesar de la reiterada prohibición de los jueces de que esos trabajadores contratados realicen funciones reservadas por la ley a los funcionarios. Por eso se ha usado una vez más la ley de Presupuestos para blindar su situación ofreciendo a las “Agencias” la contratación entre ellas a quienes les apetezca. El Poder quiere gestores ciegos y sordos además de afines aunque el contribuyente tenga que pagar el doble.

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