Llegó la “quinta ola” y es lógico que llegara. En Madrid, Castilla, Aragón, también en Andalucía, ya no es un recurso alarmista, sino una realidad más que preocupante. No está claro si habrá que vacunar a los menores incluso a costa de otros sectores considerados hasta ayer de mayor riesgo. Lo que sí parece obvio es que el difusor del virus ya no es una fatalidad ambiental sino el efecto de una insensata indisciplina cívica, sobre todo juvenil. Tanto como una solvente política epidemiológica urge un restablecimiento de la autoridad que, contra negacionismos y rebeldías sin causa, impida los abusos de una juventud entre desconcertada y temeraria. Lo de Mallorca ha sido una excepción relativa cuya gravedad deja sin argumentos permisivistas a los poderes públicos. Volver atrás, más que un error, sería una locura que la autoridad no puede permitirse.

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