En nuestras residencias de mayores han caído ya, víctimas del Covid, más de dos mil personas, setenta de ellas sólo en el mes de agosto, y ello trae dividida a la opinión, partidaria, al parecer, en su mayoría, de imponer la vacuna obligatoria a los empleados de esos servicios. Los jueces, sin embargo, deben tener sus razones para suspender la Orden de la Junta que pretendía imponer esa obligatoriedad, cuando la han suspendido. Las democracias son artilugios muy delicados y habrá que obedecer, pero resuena cada vez con más fuerza la pregunta del gentío: ¿no sería posible que los jueces respetaran el terreno sanitario tal como los médicos han de respetar el judicial? Hay ocasiones en que un exceso de atención a los pretendidos derechos de algunos lesionan los legítimos de otros.

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