Hay que aplaudir cuanta providencia dicte el poder ejecutivo, central o autonómico, para remediar las calamidades que muchos ciudadanos están pasando a causa de esta crisis que a todos nos ha caído en lo alto. Ahora bien, una cosa es proteger, ayudar, aconsejar y defender a los desahuciados por los jueces y otra consentir que sean los propios ciudadanos quienes impidan los desahucios. A los Tribunales hay que garantizarles que sus sentencias serán cumplidas –y eso compete a la autoridad sin excusa ni pretexto—como condición elemental del Estado de Derecho. Los Gobiernos tienen que pensar en fórmulas de ayuda para redimir a los más débiles, pero permitir, como aquí se ha puesto de moda, que unos cuantos con iniciativa impidan al Juzgado ejecutar sus sentencias cuando les da la gana, es poner entre paréntesis las garantías democráticas.

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