La noticia de que el Gobiernillo andaluz acaba de aprobar una subvención de 15 millones de euros para un instituto de investigación que no existe hace tiempo, puede informarnos pero no sorprendernos, después de lo que sabemos de facturas falsas, EREs y prejubilaciones fraudulentas o pago de obras inexistentes. Y justifica, además, sobradamente, el proyecto del Gobierno de la nación de responsabilizar penalmente a los políticos despilfarradores o que superen el techo de gasto legal establecido. Personalmente estimo insuficiente la inhabilitación que se anuncia para ellos, ya que cualquier empresario particular iría a la cárcel por hacer lo mismo. Pero menos da una piedra. Se ve que, en el fondo, siempre queda entre políticos aquello de “hoy por ti, mañana por mí”.

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