No es razonable ni positivo que el movimiento bronquista que acecha a los dirigentes autonómicos por parte de los funcionarios mantenga la escalada actual. Ni por una parte ni por la otra, pues si el poder de la Junta debe ser respetado y no tratado como panderillo de bruja, también es cierto que el derecho de los funcionarios que reclaman que se detenga la integración masiva de los contratados en empresas públicas –ese plan calculado por Griñán para mantener el poder de facto en caso de perder las elecciones—no admite objeción alguna. Esos trabajadores cargados de razón tienen poco que perder si el Poder no cede en su injusta cacicada. En cuanto a éste, aviado va si ha de llegar a las elecciones entre sustos y escoltas.

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