Las conclusiones del informe de los europarlamentarios europeos sobre el problema de los depósitos de fosfoyesos que soporta la capital son de órdago, por más que desde la Diputación  se difunda optimismo. Queda definitivamente en entredicho la teoría obsoleta de que defiende la inocuidad de esas substancias, cuyos efectos reales aquellos parlamentarios pretenden objetivar mediante mecanismos eficaces que informen a los ciudadanos en tempo real. Un asunto que debería ocupar a todos pero del que nadie debe hacer bandera barriendo para adentro, porque lo que está en juego es la salud pública. Es urgente que la autoridad, de manera unitaria, sin colores partidistas, tome postura ante ese negocio y adopte medidas.

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