Por fin, alguna condena, de vez en cuando, contra los agresores en la escuela. Como la que acaba de endosar el Juzgado de Menores de Jaén a tres alumnos que causaron lesiones a una profesora y que habían sido “castigados” por el consejo escolar con un ridículo cambio de escolarización. Parece que los jueces se abren por fin a la evidencia de que es necesario sancionar ese disparate y extender la responsabilidad subsidiaria a los padres de los cafres, supuesto que los cafres no sean ellos mismos, como tantas veces ha ocurrido ya. Lo que no se entiende es por qué los tribunales van por un camino y la Junta por otro, aquellos tratando de ponerse al día ante las circunstancias, y ésta enrocada en su absurda estrategia de negar el conflicto. Ni que no haya unanimidad de los sindicatos en torno a ese problema que no admite componendas. ¿Cuál es el problema para imponer en los colegios algo tan sencillo como es la integridad del profesor? En Francia van a tener que ponerse de pie cada vez que uno de ellos entre en el aula. Aquí  con terminar la clase en paz, la maoyoría de nuestros sufridos docentes va que se mata.

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