Ante el segundo “caso Carboneras”, en paralelo con el “caso Estepona”, van quedando clarioscuras demasiadas evidencias que pueden traducirse en elocuentes preguntas. ¿Cómo es posible que el Gobierno de la nación indultara en tiempo récord a un alcalde y a su hermana  inhabilitados por el Tribunal Supremo por un delito electoral, quién influyó y por qué desde Andalucía para que recibieran ese trato de reprobable excepción? ¿Y cómo es posible que Chaves respaldara que esos graves infractores del juego democrático encabezaran de nuevo la lista en las elecciones municipales siguientes? Desde luego, si nuevamente fueran condenadas estas personas por fraude electoral, tanto la Junta como el Gobierno quedarían bajo sospecha y sería inevitable interpretar que en Carboneras debe jugarse algo muy gordo para que el PSOE, incluido el Gobierno de Madrid, apueste de modo tan desatentado por una causa injustificable.

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