El consejero de Empleo, máximo desconocido en este gobiernillo autonómico, ha respaldado al ‘delegata’ de su consejería que ha pagado con dinero público (las facturas están publicadas) comilonas y festorros espectaculares. Es normal, después de todo, porque, a estas alturas, no va a reconocer que ese cargo público –que entre otras lindezas, cobra dietas sobre gastos pagados– ha obrado por libre, sino que ha de fingir que nada hay en su actuación de objetable ni digno de censura. Ahora bien, que el consejero descargue descaradamente en el Interventor –¡con lo que los interventores han sido toda la vida, Dios mío de mi alma!– la responsabilidad del despilfarro constituye un insulto a la inteligencia de los onubenses y, desde luego, una injuria que ni ese funcionario ni su cuerpo deberían admitir sin réplica, si no quieren evidenciar que su alta función ha quedado reducida por el “régimen” a un mero trámite legalizador.

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