Tiros por la culata

 

El caso del concejal del PSOE onubense dimitido ante las acusaciones de maltrato por parte de su esposa (y van dos en la provincia, uno de ellos ya condenado) le va a complicar su ya difícil tarea a la nueva candidata a la alcaldía de la capital, de quien el presunto maltratador es colaborador bien cercano. Lo justo sería, sin duda, aguardar a que se aclaren las cosas, pero eso es algo que en política resulta tan poco probable que se haga en Huelva como en su día lo fue en Ponferrada y, en cualquier supuesto, llevará su tiempo y el concejal habrá de quedarse fuera de juego o poner al partido –como ocurrió con el otro caso mencionado—en el brete de “compensarlo” a pesar de la ominosa acusación que sobre él pesa. Quizá se ha llevado demasiado lejos el conflicto de género, es posible que –aunque sin resultados especialmente buenos: ahí está el telediario– se haya hecho excesiva demagogia sobre la violencia varonil, puede que la injustísima ley que castiga a los agresores y no a las agresoras acabe perjudicando a algún que otro inocente y hasta que esa desdicha le toque al partido que más ha aporreado el parche en esta tamboreada. Son tiros que salen por la culata. Seguro que la candidata onubense me entiende divinamente.

Unanimidad

“La operación emprendida por el presidente Chaves contra El Mundo es u intento de cercenar la libertad de expresión” (PP, IU y PA). “Me gustaría que el honor de todos los andaluces valga lo mismo porque no tiene más derecho al honor el que está en un cargo o el que gana unas elecciones” (Javier Arenas, presidente del Partido Popular). “La fianza impuesta por la jueza a los periodistas de El Mundo es muy desproporcionada y escandalosamente injusta” (Antonio Romero, portavoz de Izquierda Unida). “Sospecho que con estas acciones judiciales se pretenda cercenar la libertad de expresión mediante al exigencia de cuantías económicas elevadas” (el mismo). “La crítica al poder es la esencia de la democracia y, sobre todo, de la investigación periodística” (el mismo). “Me parece mucho mejor que que exista una investigación periodística aunque en algún momento se pueda equivocar, a que la investigación periodística no exista” (el mismo). “Algo funciona mal en la democracia andaluza cuando el Gobierno se dedica a intentar matar al mensajero y a arremeter contra quienes, le guste más o le guste menos, desempeñan el ejercicio de la libertad de expresión” (Julián Álvarez, secretario general del Partido Andalucista).

El precio del honor

Es difícil cuantificar el precio del honor, por supuesto, pero imponer a este periódico, como ha hecho una jueza sevillana, una fianza enormemente mayor que la exigida a los terroristas o a la indemnización exigida a Otegui por afirmar que “el Rey es el jefe de los torturadores”, no tiene el menor sentido. ¿Cómo es posible tratar con dureza infinitamente mayor a un medio por informar de un hecho debidamente investigado que afectaba a Chaves, que a un bailarín que atropella a un ciudadano, causa su muerte, lo abandona y se hace suplantar luego como responsable? ¿Por qué el honor de Chaves, en el caso inverosímil de verse afectado por aquellos hechos, ha de valer tantísimo comparado con lo que se concedió a la viuda o al hijo de ese atropellado, a pesar de que la Justicia ya dejó claro que su presencia en esa pleito concernía a su persona y no al Presidente? Si una campaña continuada de calumnias contra un magistrado vale aquí 6.000 euros, ¿cómo pueden pedirse 700.000 para garantizar una eventual reparación a Chaves? Casos como éste ratifican la tesis de que Andalucía vive bajo un “régimen” al que ni la Justicia escapa. Lo que está por los suelos es el honor de la autonomía.

El ritmo migratorio

 

Los teóricos de la Andalucía “cruce de culturas”, “crisol de razas” y demás pueden estar contentos con el respaldo que les concede la realidad. Fíjense en estos datos, al margen de cualquier valoración ideológica al uso: en Andalucía se hayan instalados ya, por primera vez en la Historia, más de 200.000 inmigrantes ilegales, concretamente (contabilizados los de origen europeo), el primero de marzo pasado había en nuestra comunidad 208.250 de ellos. Un ejército, qué duda cabe. Sólo en enero aumentó nuestra estadística en 27.272 nuevos inmigrados y eso que el gran tráfico, como todo el mundo sabe, se ha desviado esta temporada a Canarias. Habrá que repensar ese problema sin prejuicios (sin xenofobia pero también sin papanatismo, quiero decir), será preciso calcular cual es la capacidad real de resistencia de nuestra sociedad y de nuestro mercado laboral. Y nada de ello se ha hecho hasta ahora, convertida la inmigración –como todo—en arma arrojadiza entre los dos grandes partidos. Hemos cruzado la raya de los 200.000, sin embargo. Andalucía tiene hoy pocos problemas como ése.

La guardia andaluza

 

Dicen que para ser una ‘nación’ en condiciones lo que necesita un grupo humano es un ejército y una moneda. Vascos y catalanes, las comuneros “primera” en este Estado cada día más desigual, han descubierto una variante: lo imprescindible es disponer de una policía mandada y, a ser posible, también de una Justicia local. Andalucía va a tener de todo en la letra de su nuevo Estatuto, pero en la realidad seguirá, al parecer, manteniendo pacientemente sus carencias hasta que Madrid lo disponga y al partido le convenga, como acaba de demostrar Chaves una vez más al renunciar por tercera vez (2001, 2004, 2006) a su compromiso de conseguir para la comunidad una policía autónoma durante la legislatura. Eso sí, sobre el papel, que todo lo soporta, tenemos ya exclusivas tan improbables como la que nos atribuimos sobre la gestión del Guadalquivir o el cuidado del flamenco y hay consejera que no se ha cortado al pedir un TSJA con “sensibilidad andaluza”. Lo que habrá de esperar será la guardia andaluza. Chaves no podrá pasar revista a sus tropitas como Maragall ni falta que hace.

El negocio del fuego

Ojalá que no haya que lamentar graves incendios este peligroso verano estimulado por las aguas tardías, pero si el caso llegara la polémica estará servida entre la consejería de la Junta empeñada en que “su” empresa pública, Egmasa, haga caja y acabe controlándolo todo, y los propios funcionarios que ven en esta cuestionable cesión de tan delicada competencia un paso hacia la privatización y un importante riesgo público. La contratación “irregular y sin control” por parte de Egmasa de los trabajadores del Plan Infoca puede que tenga sentido desde alguna lógica electoralista, además, pero compromete, a juicio de trabajadores y sindicatos (no de todos) un negocio tan importante. Prescindir de los “expertos” de Infoca para beneficiar a la empresa pública. Demasiados manejos, excesivos trucos, tratándose de un servicio que cuenta en su haber con tantos éxitos pero también con fracasos irreparables. La consejera Coves sabrá lo que hace. O no, como tantas veces, vaya usted a saber.