¡Sálvese quien pueda!
Mal debe de ver las cosas un despacho tan acreditado como el de Garrigues cuando ha exhibido ese informe jurídico en el que, nada menos que en 2009, avisaba a la Junta de la ilegalidad que estaba cometiendo y dejando claro que ni el director general tenía facultades para otorgar subvenciones, ni el famoso convenio…