Le den las vueltas que quieran darle en la Junta, la decisión judicial de anular la concesión del Casino de Sevilla efectuada por la Junta hace un año, ocho después de que el TSJA la suspendiera cautelarmente y a uno de la confirmación de ese criterio por el Tribunal Supremo, deja en claro que hubo en esos trajines cosas mal hechas y, según demasiados indicios, explícitas simpatías a algunos “amigos políticos”. Y sobre todo supone un palo para las sucesivas consejeras de Gobernación y sus mariachis insistiendo sobre la artificialidad de las denuncias y la intención aviesa de las críticas de la oposición. No se va a hundir el mundo, por supuesto, porque se desautorice por tan poco a la Junta cuando el juez del “caso Malaya” la acaba de señalar como “beneficiaria más que víctima” del saqueo urbanístico marbellí y tras santísimas historietas de la crónica de las corrupciones. Ya verán, en todo caso, como nadie paga ningún plato roto, a pesar de que esa sería la única solución efectiva para frenar enredos como éste que los jueces acaban de frenar en seco o como tantos que nunca se frenarán.

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