Para carta de ajuste la que le ha puesto el Tribunal Supremo a la tele de la Junta,m esto es, a Canal Sur, al declarar nula –a Instancia de la Asociación de Licenciados en Imagen y Sonido de Andalucía (ALISA)– una convocatoria de empleo con la que ese ente, cada día más politizado y dependiente, trató de legalizar la situación laboral de 232 trabajadores que venían trabajando en la cadena pública, circunstancia que al alto tribunal le parece, con sobrada razón, que vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad exigidos por la Ley para el acceso a la función pública. La sentencia puede tener imprevisibles efectos sobre la situación del perosnal de la RTVA toda vez que afectará jurisprudencialmente a otras convocatorias que la cadena, en uso y abuso de un criterio exclusivista y partidario, tiene convocadas en este momento. Canal Sur no es una excepción en el panorama funcionarial/laboral de una autonomía a cuya Junta le han sido anuladas ya, en varias ocasiones, intentos similares de “colar” de matute a trabajadores “propios” mientras una legión de compañeros vegeta en los pasillos, víctimas de su presunta actitud crítica o simplemente no partidaria.

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