El Tribunal Supremo acaba de dar al Gobierno una soberbia lección. Le ha dicho, en resumen, en respuesta a su propuesta de indulto de los golpistas catalanes, que no cabe en el Derecho una decisión que compromete sin remedio la razón de los órganos jurisdiccionales pero que, por si fuera poco, resulta injustificable en la medida en que sus beneficiarios mantienen el reto al imperio de la ley y el pulso a la convivencia. ¿Cómo exonerar a unos criminales de unos delitos que no sólo no lamentan sino que se comprometen a repetir, qué clemencia puede compadecerse con la rotunda y reiterada voluntad de volver a delinquir manifestada por esos criminales contumaces?

La perplejidad y el desconcierto entre los españoles no han sido nunca mayores que en estos días en que está quedando a la vista la servil dependencia de un Gobierno forzado por sus imprescindibles socios a asumir con descaro, retrucando la ley cuando se tercia, el precio de su debilidad. ¿No hemos oído a un diputado ramplón espetar al presidente del Gobierno que no se fía de él sino por su “necesidad” de mantenerse en el cargo? ¿Y no hemos escuchado a ese presidente descalificar públicamente a la Justicia al sostener que el cumplimiento de la pena –esa misma pena que él proclamó ufano que habría de cumplirse en su totalidad—no sería otra cosa más que revanchismo y venganza? Es evidente que Sánchez se mantiene en la creencia, sumamente peligrosa, de que la “gracia”, el indulto, sólo ha de justificarse, como en los viejos regímenes, ante el Poder y no ante la Ley.

En medio del caos ha surgido González para declarar que, “en estas circunstancias”, él no concedería ese indulto, relevante confidencia de quien indultó a Jesús Gil –un criminal reincidente—con la evidente esperanza de perjudicar electoralmente al PP. Un lío, en resumen, que mantiene al gentío desorientado y preguntándose cómo puede justificarse el indulto de unos sediciosos contumaces mientras la muchedumbre de los demás penados se pudre en la trena. ¿Tiene sentido en un Estado de Derecho mantener esa prerrogativa en manos del Gobierno –esto es, en la práctica, de un partido– o sería quizá más lógico compartirla si no consignarla en la propia Justicia, tal como apuntaba la fórmula tradicional que proponía reservar en exclusiva la capacidad de perdonar la pena a quienes tienen la de imponer el castigo?

Es posible que la audacia de Sánchez no alcance esta vez para salvar el grave intento que, de hecho, abriría de par en par la puerta al separatismo y no sólo al catalán. Los jueces, al menos, ya se han hecho a un lado cargando toda la responsabilidad sobre el pragmatismo de los políticos. Es verdad que Fernando VII indultó a El Tempranillo, pero no lo es menos que desde entonces acá ha llovido demasiado en el interminable invierno de la arbitrariedad española.

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