El alcalde accidental de Valverde, el ‘bienpagao’ que se pasó de IU al PSOE con armas y bagajes, ha negado a su antigua coalición el elemental derecho humanitario a fiscalizar el estado de los calabozos –el “avellano” valverdeño—ya denunciado como intolerable por el Defensor del Pueblo. Dale cuatro duros a uno de estos profesionales de la política y será tu mejor cancerbero, incluso si se trata de morder la antigua mano amiga. Es ahora cuando el Defensor del Pueblo debería proceder de oficio y cuando la autoridad judicial –ladre o no ladre Cerbero– tendría que pronunciarse sobre el estado de esas dependencias imprescindibles.

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